Una hora antes de ser asesinado el 23 de abril de 2020, Alejandro Llinás llamó a la Policía para reportar que estaba en peligro. Minutos después les marcó a los trabajadores de su finca para pedirles ayuda, pero fue muy tarde, solo alcanzaron a escuchar unos gritos. Según el informe de la necropsia, este líder comunitario y del medio ambiente falleció alrededor de las 8: 30 de la noche. Su asesinato se sumó a la lista de más de 80 crímenes que han ocurrido en el departamento del Magdalena en los últimos años.
Dos hombres armados llegaron hasta su finca Pura Latina, en Calabazo Alto, en la entrada de El Pueblito, en la zona de amortiguación de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo sacaron a empujones, lo llevaron a unos 40 metros de la casa y le dispararon junto a una quebrada. Su cuerpo fue hallado con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen.
La policía llegó al sitio casi 12 horas después del llamado de Llinás. Pero ese no fue el primer pedido de auxilio que hizo a las autoridades. Desde comienzos del año, a través de cartas, el líder comunitario, además de denunciar la actividad paramilitar, le venía solicitando al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tomar las medidas para restablecer el orden público en la zona y que lo protegiera.
En febrero, como no pudo concretar un encuentro con el gobernador, Llinás dejó una carta en la Secretaría del Interior departamental. Sospechosamente, horas después fue contactado vía telefónica por la Policía y le recomendaron canalizar bien las denuncias. “Prácticamente me amenazaron, me dijeron que evitara problemas”, dijo Llinás.
El domingo 19 de abril les contó a otros líderes de la zona que había llevado otra misiva. “Se la envié al gobernador y no se la entregaron, la filtraron a la Policía y me han llamado de varias dependencias pidiéndome información y nombres, me siento vulnerado y un poco atemorizado. Me gustaría entregársela la autoridad civil, ‘los muchachos’ también se están tomando este territorio”, escribió. En el segundo documento, Llinás contó como los comandantes de estos grupos estaban organizando reuniones. “Tengo manera de demostrar y/o sustentar lo que digo, solo pido no pongan en riesgo mi seguridad”.
En una maniobra mediática que se ha vuelto habitual entre los paramilitares de la zona, conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), no solo se atribuyeron el asesinato si no que justificaron el crimen negando la calidad de líder de Llinás y acusándolo de supuestos delitos sexuales. La estrategia incluyó un par de comunicados de organizaciones comunitarias, las mismas que la víctima denunció por estar bajo el mando de este grupo delictivo. No sobra decir que lo mismo sucedió con la pareja de activistas ambientales asesinados en diciembre del 2019, su muerte cayó en el olvido y bajo la justificación de grupos armados ante los que la ley parece estar lejos.
La indignación creció el doble entre los líderes sociales del Magdalena, para quienes los paramilitares no solo tienen el control absoluto del territorio si no que, además, están matando bajo la mirada complaciente de las autoridades. Para Jennifer del Toro, activista y líder feminista, el comunicado de las ACSN es una afrenta contra la honorabilidad de Llinás y muestra la intención de bajarle el tono al asesinato para no ser reconocidos como grupo armado organizado.
Lo irónico es que los señalamientos provengan de las ACSN, una organización que está al mando de los herederos de Hernán Giraldo Serna, el jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, señalado por la Fiscalía como el responsable de unos 200 casos de violación de menores de edad. Negar el liderazgo de Llinás en la comunidad es imposible. Desde hacía años, como miembro fundador de la JAC de Calabazo Parte Alta, empezó a alzar la voz en temas como el ordenamiento territorial de la zona, el puerto de Taganga, la concesión del Parque Tayrona y la extorsión en la Sierra.
El mismo día del asesinato, Alejandro Llinás le contó a su amigo Lerber Dimas que se había reunido con el coronel Óscar Solarte, en en ese momento comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y que había salido muy asustado del encuentro. “No le mete mano a este problema, ni quiere informar al gobernador, me preocupa esta situación, me siento vulnerado y desprotegido”, escribió.
Caicedo dijo después que no tenía conocimiento de las cartas y lamentó la muerte. Una investigación exhaustiva fue anunciada. Varios líderes consultados creen que no es cierto, dicen que, a través del entonces secretario del Interior departamental, José Humberto Torres, la gobernación estaba enterada del peligro que corría. Luego de las diligencias realizadas por el CTI en la finca a la familia se le informó que el teléfono, en el que el líder había escrito sus últimos mensajes de sospechas, no apareció. La ayuda de las autoridades nunca llegó.
Texto escrito para la Revista Semana
